viernes, 19 de diciembre de 2014


Europa dice SÍ al Estado Palestino


El Parlamento Europeo ha terminado el año con una sensacional noticia: en Estrasburgo ha salido adelante una resolución para reconocer a Palestina como Estado independiente (eso sí, no tiene carácter vinculante, con lo que ahora cada uno de los 28 países de la UE decidirán qué hacer, pero en cualquier paso es un gran paso).

El texto apoya un acuerdo de paz entre Palestina e Israel sobre la base de las fronteras de 1967, “con Jerusalén como capital de ambos Estados, con un Estado de Israel seguro y un Estado Palestino independiente, democrático, contiguo y viable, viviendo uno al lado del otro en paz y seguridad, sobre la base del derecho a la autodeterminación y el pleno respeto al derecho internacional". 

La resolución ha sido redactada por cinco grupos políticos (entre ellos S&D [ https://www.youtube.com/watch?v=PDLVIkY2_HQ ]) y el resultado de la votación fue de 498 votos a favor, 88 en contra y 111 abstenciones. Los eurodiputados también condenaron todos los actos de terrorismo y violencia, urgen a las facciones palestinas a acabar con las divisiones internas y recuerdan que los asentamientos israelíes son ilegales de acuerdo con el derecho internacional.

La UE parece que toma por fin una posición firme. La propia Comisaria de Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, se comprometió durante su examen ante los eurodiputados a trabajar en estos próximos cinco años por conseguir una Palestina libre. Pero no debemos olvidar una cosa: ya han sido aprobadas decenas de resoluciones en diferentes organismos (Consejo de Seguridad, parlamentos nacionales…) y su resultado en la práctica, por el momento, ha sido poca cosa, así que ya solamente falta pasar de las palabras a los hechos.



Imagen:


(En color verde están los países que ya han reconocido a Palestina; en naranja los que probablemente lo hagan; en amarillo los que han hecho un reconocimiento parlamentario y en gris los que simplemente mantienen relaciones diplomáticas [en blanco están los países que no pertenecen a la UE])

Diego Valiño Seva
Bruselas

domingo, 14 de diciembre de 2014



Trovadores

Fiel el que aun a pesar de los obstáculos, de las inclemencias, de las críticas, sigue estando firme a un sentimiento, a un pensamiento, a una idea, en cambio, hay héroes con pies de barro que empiezan a tambalearse al ver llegar la cuesta arriba y fantasmas con cadenas que intentan hacer playas de cubos de  arena.

Ingenuas ratas de laboratorio aquellas que se dejan engañar al creer que siguiendo el camino  que les enseñan, con buenas palabras, la descarga será menos dolorosa y lo único que pasará es que la muerte será mucho más lenta y sufrida.

Psicosis anunciada por parte de trovadores de media peseta con traje y corbata, intentando cobrar tributos a diestro y siniestro, a cambio de nada, de una vida en la que aspirar a más sería impensable.

Hombres templados bajo las noches más frías, adheridos a sus principios, con mano tendida pero firme, sin corbata, pero con la cabeza alta de seguir un camino que, no vagabundea de derecha a izquierda  y vuelve por el centro sin saber realmente  cuál es su rumbo.

Quizás seas tú, el que pueda cambiar eso que a veces tanta hipocresía desprende, atrévete a soñar para que las reglas del juego no sean las que ya conoces y desprecias, enraízate y juega las cartas que tienes para que la partida no la ganen siempre los mismos…

Descarga tu energía renovada a base de lecturas profundas y úsala para hacer de este mundo, un lugar en que los buenos puedan seguir siendo buenos y los malos lleguen algún día a cambiarse de bando…

Noelía Ordieres
Ribadesella






miércoles, 10 de diciembre de 2014



Día Internacional de los Derechos Humanos

Manifiesto de UGT y CCOO


El 10 de diciembre, instituido en 1950 por la Asamblea General de la ONU como Día Internacional, para llamar la atención sobre la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es además la ocasión para señalar los graves incumplimientos que hacen la vida extremadamente difícil para millones de personas, de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. La situación del trabajo en el mundo es cada vez más insegura conforme aumenta el desempleo, los jóvenes y las minorías se ven marginados y excluidos, y los derechos laborales son atacados.

UGT y CCOO afirmamos, una vez más, que los derechos en el trabajo son derechos humanos y garantizar la existencia efectiva de los derechos humanos para todos es el fundamento de la justicia social y económica.

Reproducimos el artículo 23 de la Declaración Universal que, de manera clara, sencilla y sintética, expresa en su contenido la dignidad básica y mínima de los derechos laborales.

Artículo 23
(1) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
(2) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo  igual.
(3) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
(4) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

En esta ocasión se trata de un año especial para el movimiento sindical, puesto que es también el año en el que celebramos el 65 aniversario del Convenio de la OIT sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

La Confederación Sindical Internacional, en los Informes anuales sobre las violaciones de los derechos sindicales, señala 7 países como especialmente en riesgo para el ejercicio de los derechos humanos y sindicales (Zimbabwe, Swazilandia, Guatemala, Birmania, Fiji, Georgia, Bahrein) en una lista de más de 80 países de todos los continentes y regiones, con una presencia creciente de países europeos.

En nuestro país estamos viviendo una verdadera regresión en términos de calidad de vida, derechos y libertades, así como una mayor pobreza, exclusión y fragmentación de la sociedad española, incluso para aquellas personas que cuentan con un empleo.

Por ese motivo, CCOO y UGT interpusimos una queja ante la OIT contra el Gobierno de España por violación de la libertad sindical, del derecho a la negociación colectiva y del derecho de huelga detallando las circunstancias concretas de una serie de personas que han sido objeto de diversos procedimientos penales con ocasión del ejercicio del derecho de libertad sindical y de huelga.

Denunciamos las prácticas sancionadoras penales que se vienen produciendo en España en relación con la interpretación y aplicación del artículo 315.3 del Código Penal, que sanciona el llamado delito de coacciones para promover una huelga, así como otros tipos penales que usualmente se vienen empleando para criminalizar la actividad sindical, como el delito de atentado, desobediencia, o desordenes públicos, máxime cuando implican gravísimas penas privativas de libertad, que algunas sentencias ya son firmes, y la libertad de las personas encausadas depende en esos casos de decisiones meramente políticas vinculadas a la concesión del indulto por parte del Gobierno.

Igualmente la reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana supone un retroceso grave en las libertades públicas y en los derechos de participación democrática a través de las que el gobierno pretende incorporar nuevas restricciones al ejercicio de derechos fundamentales.

Pedimos al Gobierno Español que asuma y ponga en marcha las recomendaciones de la ONU para dar verdad y justicia a las víctimas del Franquismo, contenidas en el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (GTDFI), así como las recomendaciones recogidas en el Informe del Relator Especial, Pablo de Greiff, sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sobre la impunidad de los crímenes del Franquismo.


Expresamos finalmente la solidaridad de la UGT y de CCOO con todas las víctimas que sufren las vulneraciones de sus derechos como personas y el firme apoyo a los activistas y defensores de los derechos humanos y sindicales.

domingo, 7 de diciembre de 2014


El principal reto comercial de la UE 
en los próximos años: el TTIP
 

Llevo por motivos de trabajo tres meses viviendo en Bruselas y por ello tengo el privilegio de presenciar la actividad diaria del Parlamento Europeo, ese lugar que a priori es la cámara legislativa más importante dentro de la UE (o eso nos dicen una y otra vez en periodo electoral) pero luego (una vez pasados los comicios) nadie le da la más mínima importancia. ¿Mi opinión? Obviamente que se deciden temas vinculantes para todos, y aquí quiero hablar del que a mi juicio será el más interesante en esta legislatura: ¿tendremos finalmente un acuerdo comercial con EE.UU.?

Para empezar, hay que decir que el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (conocido por el acrónimo en inglés ‘TTIP’) se está negociando en la actualidad entre el Gobierno de Obama y la Comisión Europea (en concreto por la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström). El punto 7 del documento (que se ha desclasificado [http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/es/pdf]) señala que “el objetivo es aumentar el comercio y la inversión entre la UE y los EE.UU. haciendo realidad el potencial sin explotar de un auténtico mercado transatlántico que genere nuevas oportunidades económicas de creación de empleo y crecimiento mediante un mejor acceso al mercado y una mayor compatibilidad reglamentaria y marcando una pauta en materia de normas mundiales”. La semilla a este documento se pone en 2011 cuando se crea un Grupo de Trabajo de Alto Nivel encargado de estudiar la reducción de los obstáculos para el comercio entre EEUU y la UE. El 13 de febrero de 2013, Obama, van Rompuy y Barroso anuncian que se inician las negociaciones para alcanzar un pacto (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-95_es.htm).

Con la nueva Comisión Europea capitaneada por Jean-Claude Juncker, las negociaciones parece que seguirán su curso pero con una notable diferencia: se impulsará la transparencia en todo el proceso negociador (se desclasificarán y se darán a conocer todos los acuerdos alcanzados [o eso ha prometido Cecilia Malmström]). Llama la atención que cuando uno busca información en Internet acerca del TTIP se encuentra contenidos que denuncian la opacidad y secretismo con el que se ha estado hasta ahora acordando punto por punto. Según Malmström, que participó hace unas semanas en un evento del grupo S&D, todos los Eurodiputados tendrán acceso a la información (salvo aquellos que requieran no desclasificarse, sin especificar por qué) y en la web de la Dirección General del Comercio (http://ec.europa.eu/trade/) el resto del mundo también podremos consultar el sentido de las negociaciones. El principal argumento que usa la Comisión Europea para defender el TTIP es que si se elimina la “regulación innecesaria” y las “barreras burocráticas” la economía europea podrá crecer en 119.000 millones de euros cada año y generar millones de puestos de trabajo.

En palabras de la propia Malmström, la negociación no se acabará ahora, así que ante las mejores previsiones, quizás hasta finales de la legislatura no entre en vigor el acuerdo (todo en la UE va lento). El proceso para la aplicación de esta norma es la siguiente: Malmström lo presentará ante el Consejo de la UE (reunión de Jefes de Estado y de Gobierno) y podrá salir adelante si se aprueba por mayoría cualificada (es decir, un 55% de los Estados que representen el 65% de la población). De ahí irá al Parlamento Europeo, y si también pasa el trámite, a cada parlamento nacional europeo (que votarán la totalidad del proyecto, con lo cual será imposible introducir enmiendas). Sin que se prevea someterlo a un referéndum ciudadano, el acuerdo quedaría aprobado.

Para ambas partes hay partes positivas y partes negativas. Lo que tendrán que estudiar y decidir EE.UU. y la U.E es si les conviene o no. Por ejemplo, en materia de derechos laborales saldría perdiendo la U.E, ya que EE.UU. no tienen suscrito todos los convenios fundamentales de la O.I,T.; para EE.UU, se eliminaría la preferencia que tienen las empresas norteamericanas de conseguir un contrato público a favor de las europeas.  

Pero sin duda el punto más polémico tiene que ver con el llamado ISDS (las iniciales de Investor State Dispute Settlement, que permitiría que las multinacionales pongan demandas contra las decisiones de los estados). Según la Comisión Europea el objetivo de la ISDS es “encontrar un equilibrio entre el derecho de los Estados a regular y la necesidad de proteger a los inversores”. Concretando: cuando una empresa multinacional o un fondo de inversión considere que una ley de un parlamento democrático perjudica sus intereses, el ISDS le concede el derecho a demandar, ante tribunales privados con dudosos conflictos de intereses, a cualquier país por las pérdidas de beneficios derivadas de cambios legislativos. Los lobbies empresariales no quieren ni oír hablar de un TTIP que no incluya el mecanismo ISDS y la Comisión hasta ahora no ha mostrado su oposición a esta parte del tratado.

En los diferentes países de la UE no hay un debate a fondo de este asunto, desde mi punto de vista. En el Parlamento Europeo sabemos que el grupo del PP lo aprobará y el de Los Verdes e Izquierda Unida Europea votarán en contra. Entre los liberales no hay unanimidad, pero de quien más se espera que se posicione es sin duda el Grupo Socialista, que quiere un acuerdo con EEUU pero no a cualquier precio (http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sd-group-do-not-allow-investor-state-dispute-settlement-isds-jeopardize-trade-deal-between). A día de hoy, para los socialistas el estado de las negociaciones debe continuar y mejorar los aspectos más polémicos (esa es la posición oficial).


Lo interesante es que este asunto tuviera muchísimo más interés social del que tiene. Implicaría de aprobarse muchos cambios en la vida de los europeos, y está el difícil dilema de si en la balanza hay más partes negativas que positivas. Pienso que los socialistas no nos debemos dejar llevar por el antiamericanismo que propugnan algunos partidos de izquierdas, pero tampoco ser seguidores a ultranza de las tesis de los norteamericanos como hace la derecha. Me parece que la política tiene que dar su mejor perspectiva y es interesante que entre EEUU y la UE exista un fluido diálogo que consiga un buen acuerdo (si es que llega a realizarse) para ambas partes. Lo alcanzado hasta la fecha no me gusta, pero quizás, si el debate se abre y con el TTIP se comienza una nueva manera de negociar acuerdos, creo que habremos dado un paso importante para la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Veremos qué pasa…

Diego Valiño Seva
Bruselas

miércoles, 3 de diciembre de 2014




DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Manifiesto del PSOE


Los socialistas nos unimos a la conmemoración, el 3 de diciembre, del Día Internacional de las personas con discapacidad, celebrando así la fecha aprobada en su día por Naciones Unidas y por la Unión Europea. Este año el tema elegido es el Desarrollo Sostenible: La Promesa de Tecnología.

Si la tecnología ha dado forma a la manera de vivir de las personas a lo largo de la historia, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han impactado de forma muy sensible y particular en la vida cotidiana de las personas. Pero, desgraciadamente, ni todos ni todas tienen las mismas posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías, ni pueden acceder a los estándares de vida que ellas permiten.

En España hay 4 millones de personas con capacidades diferentes. que cada día se enfrentan a los muchos retos y a las muchas barreras visibles e invisibles que han de superar. Una de estas nuevas barreras con especial incidencia en el mundo actual se refiere al uso de las nuevas tecnologías, y es por ello, que nuestro compromiso es ayudar a la participación plena para que les sea posible el acceso a ellas en condiciones de igualdad. Y por eso creemos que se debe garantizar el acceso a las nuevas herramientas de comunicación. Porque, las nuevas tecnologías en particular y la innovación tecnológica, en general, tienen una enorme potencialidad para la eliminación de barreras tanto físicas como sensoriales.

Por eso, apostamos por el fomento de la I+D+i dirigidas a la eliminación de barreras para lograr el ejercicio pleno de ciudadanía a las personas con capacidades diferentes. En este sentido, exigimos la elaboración, en coordinación con las Comunidades Autónomas, de un Plan de fomento del uso de medios tecnológicos para las personas con discapacidad dotado con la financiación económica suficiente; y el impulso y financiación por parte del Gobierno de un programa de I+D+i dirigido a avanzar en soluciones de diseño accesibles que fomenten la autonomía e independencia de las
personas con discapacidad.

En esta lucha, los socialistas nos unimos a las organizaciones de trabajan en este sector para poner el centro de atención sobre este colectivo para exigir y recordar a los poderes públicos que deben intensificar los esfuerzos para seguir avanzando en la extensión de los derechos sociales y en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, y este año muy particularmente, en la mejora que para ellos puede suponer el avance tecnológico, en el ámbito de tres objetivos diferentes:
la eliminación de barreras físicas y sensoriales; la atención dirigida a promover las capacidades y la autonomía personal y facilitar el acceso al mercado laboral.

EL PSOE viene trabajando con todas las organizaciones que se relacionan con la discapacidad para luchar juntos contra todo tipo de discriminación, sea cual sea su origen. Porque para los Socialistas la igualdad plena y la no discriminación son derechos fundamentales junto a la libertad personal y la integridad física.

Al albur de la crisis financiera y económica, el Gobierno del Partido Popular ha ido recortando y retrocediendo todo lo que se había avanzado durante los gobiernos socialistas. Con la crisis, las personas con discapacidad vienen sufriendo aún más las graves consecuencias de los recortes que, a veces, les lleva a la exclusión económica o social con sus devastadoras consecuencias. La derecha está imponiendo un modelo de sociedad que normaliza la desigualdad, y contra esto los socialistas nos rebelamos. Con el Gobierno de Rajoy, este país está poniendo a España en los niveles más altos de desigualdad de la Unión Europea.

Los resultados de las políticas populares en estos tres años colocan a nuestro país en una situación de emergencia para las personas con discapacidad. Especialmente son preocupantes los recortes en los programas de fomento del empleo y formación para un colectivo cuya tasa de desempleo es del 33,1% en 2012, es decir, 8,1% puntos superior al resto de la población. Por ello es imprescindible mejorar la calidad de la formación para el empleo, y remover las trabas que impiden su acceso a un trabajo y una remuneración digna. Se ha perdido la oportunidad de avanzar en la incorporación plena como ciudadanos y ciudadanas: la plena inclusión económica y social, respetando su dignidad y garantizando el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

Para las mujeres y hombres socialistas, la prioridad es garantizar unas condiciones de vida dignas para ser una sociedad decente. Una sociedad con mayor equidad y sin discriminación en la que todos tengan garantizados plenamente su bienestar y los derechos de ciudadanía.

El Partido Socialista siempre ha defendido los derechos y libertades de las personas con discapacidad. Por eso, hoy reiteramos nuestro compromiso de sacar adelante el Proyecto de Ley de Igualdad de trato y no discriminación aprobado por el Gobierno socialista en 2011, que será revisado y actualizado con el objetivo de acabar con la discriminación y recuperar los derechos injustamente perdidos en los últimos años.

Con ello nos resituaremos, nuevamente, en la vanguardia de la lucha contra la discriminación. Es imprescindible poner en marcha un verdadero Plan integral de atención a las personas con discapacidad y sus familias, con una visión trasversal que implique a los Gobiernos, con un presupuesto suficiente, atención específica para niños, niñas y jóvenes con discapacidad, incidiendo en el diagnóstico precoz y la atención temprana, impulsando con ello que en el futuro puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de la sociedad.

Por todo ello, los socialistas, conjuntamente con las organizaciones de la discapacidad y del tercer Sector, continuaremos trabajando para lograr una sociedad más decente, justa, cohesionada y solidaria, eliminando todo tipo de barreras - también las que puedan derivar del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación -, así como los obstáculos que sean impedimento a la autonomía de las personas con diferentes capacidades, y permitiendo con ello una vida saludable, satisfactoria y plenamente integrada.


3 de Diciembre de 2014.

martes, 2 de diciembre de 2014

Tiempos de reformas (2/2)


Como ya comenté anteriormente, en un ámbito en el que todo es global, menos la política, se impone la necesidad de reformas en toda la arquitectura social, así que, en este post, me centraré más en  dos de los tres ejes estratégicos: crecimiento económico y creación de empleo.

Reformas en la justicia.
La administración de justicia necesita de una profunda reforma a todos los niveles, modificando  sus métodos y estructuras propias del siglo XIX y que ya no son válidas para la segunda década el siglo XXI, de modo y manera que pueda prestar eficientemente a la ciudadanía un servicio público más accesible, de calidad, ágil y transparente. El poder judicial tiene que ser independiente e imparcial. En este sentido la fiscalía anticorrupción deberá ser potenciada  y cuidadosamente desligada de la política por ley, y el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, no debería ser competencia del poder ejecutivo.


Reformas en las administraciones públicas.
Las administraciones públicas tienen que avanzar hacia un mayor rigor del funcionamiento en la política de control del gasto público que establezca prioridades entre necesidades esenciales y otras menos urgentes, poniendo un especial énfasis en un control mayor y regular del gasto público. La reforma de la economía puede comenzar con la administración pública, ocupándose de los servicios de interés general – empresas de transporte, correos, bancos y servicios públicos – volver a la propiedad pública o puesta bajo control público, donde esta sea la manera más responsable, equitativa y económicamente sostenible de garantizar estos servicios. Se tienen que establecer nuevas reglas para los mercados e incentivos más fuertes conformados para una economía más sostenible.


Reformas en la fiscalidad.
El sistema fiscal deberá contribuir a una distribución más equitativa de los ingresos y la riqueza. La legislación deberá ejercer un control más estricto de los paraísos fiscales y la evasión fiscal, así como promover relaciones comerciales más justas. Establecer un impuesto a las  transacciones financieras realizadas, a corto plazo, en los mercados internacionales de divisas. Hay que establecer medidas de armonización y coordinación fiscal que eliminen la competitividad tributaria. Estas mediadas se deberán orientar en el sentido de avanzar hacia un modelo de unión fiscal europea.

Hay que aumentar los ingresos por medio de reformas en el sistema tributario para aplicar el principio de que pague más, el que más tenga, como una cuestión ética, de equidad y de justicia social. Pero sobre todo, que se paguen los impuestos acabando con el fraude fiscal, incrementado las actividades y recursos de la Inspección de Hacienda.

Es preciso suprimir la diferenciación entre Rentas del trabajo y del capital, de modo que TODOS los ingresos que tributan en el IRPF tengan el mismo tipo. Y si hay que diferenciarlas, que sea justo al revés, que se pague más por las Rentas del Capital que por las del trabajo.

Restablecer el Impuesto de Patrimonio, elevando sustancialmente el mínimo exento e incrementando más progresivamente el tipo impositivo. Incrementar el Impuesto de sociedades para las grandes empresas.

Establecer un nuevo impuesto a las SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable).
Introducir modificaciones fiscales adecuadas para que los diversos instrumentos de inversión, tributen de forma significativa y en proporción a sus beneficios. Restablecer la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda del Estado.
Suprimir  la exención del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles rústicos y urbanos) a la iglesia católica y otras confesiones religiosas.

Establecimiento del criterio de caja (devengo) para la determinación de la base imponible del IVA e IRPF - Sociedades.
Implantación por todas las administraciones de la cuenta tributaria única. Optar decididamente por el régimen de estimación directa, dejando el sistema de módulos a su mínima expresión.

Formación y pedagogía política sobre ciudadanía, fiscalidad y sostenibilidad del sistema. Plan generalizado de concienciación social y medidas legales que incentive, la declaración del IVA,  así como el reforzamiento de la inspección, control  y del procedimiento sancionador.

Reforzar el principio de progresividad fiscal, incidiendo principalmente en los impuestos directos. Mejorar el tratamiento fiscal de las familias y de las rentas del trabajo. Incrementar la presión fiscal efectiva  sobre los profesionales  hasta términos similares a la realizada sobre las rentas del trabajo. Modificación en profundidad de las deducciones por aportaciones a planes de pensiones, limitando sustancialmente  el límite deducible y flexibilizando  las condiciones de su percepción.

Modificación sustancial y profunda del sistema de tributación por módulos. Control y regulación de los entes financieros y sus beneficios teniendo en cuenta que su interés no es el bien público. Fijar una nueva imposición sobre los beneficios bancarios. Reglar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos cargos, ejecutivos, miembros de Consejos de Administración y otros colectivos donde la opacidad fiscal resulta no sólo evidente sino, en demasiados casos, flagrante y absolutamente insolidaria con el conjunto de la sociedad española.

Instaurar una figura tributaria que grave las grandes fortunas y desincentive la especulación inmobiliaria y los activos ociosos. Impuesto sobre solares sin edificar, locales y pisos  sin ocupar.

Incluir coeficientes de abatimiento para los rendimientos del capital mobiliario que favorezcan el ahorro. Establecer tipos impositivos progresivos  por tramos que graven las rentas de capital. Crear e impulsar de forma significativa la fiscalidad verde de modo que además de compensar económicamente el daño causado contribuya con recursos adicionales a mejorar de forma genérica el medio ambiente.

Eliminación y/o reducción de las deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades que distorsionan gravemente la aplicación del mismo, de modo que se garantice que en ningún caso la tributación efectiva sea inferior al 20%

Aumentar a 20 años, por razones de interés público, el plazo de prescripción de los delitos fiscales. En el caso de que ello no fuera posible,  modificar el Reglamento de modo y manera  que las actuaciones de oficio por parte de la Agencia Tributaria, interrumpan el plazo de prescripción.

Reformas en la economía y empleo
Una nueva política industrial deberá planificar las prioridades futuras y las necesidades de Europa y de sus economías nacionales. El sector de la fabricación está en declive como parte del PIB. El empleo industrial está disminuyendo y los salarios se han estancado o disminuido. El núcleo de estructuras de la industria se tiene que mantener y modernizar, ya que garantiza el empleo y proporciona una base para el sector de los servicios. Hay que establecer políticas de crecimiento orientadas al empleo, recordando que para que haya progreso económico, tiene que haber antes progreso social.

Necesitamos una mezcla de prestaciones en dinero e infraestructuras sociales para sacar al pueblo de la pobreza y ayudar a estimular la demanda. Se tiene que restaurar la primacía de la política sobre los mercados financieros. En el sector bancario se deberá establecer una orientación de pluralidad de negocios enfocada al cliente, que incluya bancos comerciales, cooperativas de crédito, bancos comunitarios locales y regionales, y sociedades de crédito, todos operando en una variedad de escalas. Tenemos que asegurarnos de que el sector bancario se ha reestructurado, se desarrolla con transparencia y con formas de rendición de cuentas de gobernanza corporativa.

Es necesario introducir reformas en el ámbito europeo en la gobernanza financiera y económica. La regulación de los agentes de los mercados financieros en Europa no es suficiente. Creación de una Agencia Pública Europea de calificación y evaluación de riesgos.

Los mercados financieros europeos deben convertirse en una fuente de estabilidad y del desarrollo de una economía europea orientada a la producción. Con este fin, es necesario reformar el Banco Central Europeo, el Banco Mundial y la Unión Monetaria Europea. El Banco Central Europeo deberá tener competencias para establecer políticas de crecimiento económico y empleo.

Reformar el derecho penal para exigir responsabilidades a los dirigentes financieros en casos de corrupción, evasión de impuestos, falsedad y delitos económico-fiscales que atenten contra el interés general. Revisar los acuerdos de Maastricht respecto al nivel de déficit público de cada país, dotándolo de mayor flexibilidad en función del ciclo económico y del estado general de sus economías.

Se tiene que restaurar la primacía de la política sobre los mercados financieros. En el sector bancario se debe establecer una orientación de pluralidad de negocios enfocada al cliente, que incluye bancos comerciales, cooperativas de crédito, bancos comunitarios locales y regionales, y sociedades de crédito, todos operando en una variedad de escalas. Tenemos que asegurarnos de que el sector bancario se ha reestructurado, se desarrolla con transparencia y con formas de rendición de cuentas de gobernanza corporativa.

Un nuevo marco regulatorio y de supervisión definirá el papel y la práctica de la banca y el sistema de remuneración a sus directivos. Solamente el gobierno con su autoridad democrática, alianzas globales e ingresos fiscales; puede conseguir el nivel necesario de la reconstrucción.

Necesitamos la regulación internacional y europea de los mercados de recursos financieros. Las corporaciones transnacionales deben ser objeto de control democrático a través de la introducción de la democracia económica global con derechos definidos de información, consulta y cogestión de los representantes de los trabajadores. Las agencias privadas de calificación, que tienen una gran influencia sobre el desempeño económico, necesitan una reforma y la supervisión de la autoridad pública.

La liberación y globalización del capital ha redistribuido la riqueza de las economías pobres hacia las ricas, incrementando el riesgo sistémico del colapso económico mundial. Los controles de capital, el cierre de los paraísos fiscales y la imposición de tasas sobre las operaciones financieras mundiales, son necesarias para contribuir al desarrollo económico y proteger a las economías vulnerables.

Es necesario un gran pacto entre todos los agentes sociales para atemperar la gravedad de la situación entre los desempleados. Se debe fijar la creación de empleo como el objetivo prioritario de primer orden de todas las políticas públicas orientadas a impulsar el cambio del modelo productivo y  fomentar la reactivación industrial y económica.

Estamos de lleno en un proceso de cambio de ciclo económico, con gran influencia en la política y en lo social. Todos hablamos de una profunda crisis con una serie de problemas que están desbordando todos los ámbitos. Una crisis que tuvo un principio económico pero luego aparecieron crisis institucionales, territoriales, el drama del desempleo y el desprestigio de la clase política. Ante esta situación la ciudadanía reclama que los políticos recuperen el necesario espíritu de consenso y lideren un proceso de cambio y de reformas que den esperanza, esto tiene solución.

Jesús Llaneza Díaz.
Izquierda Socialista de Asturias

domingo, 30 de noviembre de 2014



Tiempos de reformas (1/2)

(Nota previa: El artículo, por la extensión del mismo se publica en dos post)

Tiempo de reformas. En un ámbito en el que todo es global, menos la política, se impone la necesidad de reformas en toda la arquitectura social, con obras que actúen fundamentalmente en tres ejes estratégicos: mayor democracia, crecimiento económico y creación de empleo.

Reformas para mayor calidad  democrática.  Transparencia. Rendición de cuentas.
Con el famoso lema Wir wollen mehr Demokratie wagen (Atreverse a más democracia) Willy Brandt ganó las elecciones celebradas el 28 de septiembre de 1969, en la República Federal de Alemania, poniendo en práctica un ambicioso programa de reformas sociales, legales y políticas. Hoy estamos en una situación en la que no queda más remedio que atreverse a emprender y aplicar un amplio programa de reformas políticas que aumente la calidad democrática en todos ámbitos institucionales, económicos y sociales. 

Uno de los grandes déficits democráticos es la falta de transparencia y la no rendición de cuentas de los asuntos públicos. España es el único de país europeo con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública, lo que facilita que los gobiernos y las instituciones públicas no estén obligados a facilitarnos la información necesaria de suma utilidad para un mejor conocimiento de la realidad y favorecer de forma eficiente la toma de decisiones. Por eso es imprescindible la promulgación de leyes estatales y de las comunidades autónomas  que reconozcan el derecho de acceso a la información, la comunicación y el conocimiento como un derecho fundamental que regule específicamente la transparencia de los datos institucionales.

La corrupción es una de las causas más importantes de la desafección ciudadana de la política, que junto con la sensación de impunidad, plasmada en la eternización de los procesos judiciales a la hora de atajarla, supone un daño irreversible a la confianza de la ciudadanía en sus poderes públicos. Por eso, es necesario mejorar la agilidad de la Justicia, pero también incrementar la transparencia en la información de la gestión  pública y los controles previos, sobre todo en materia de obras públicas y urbanismo, fuente de la mayoría de los casos de corrupción aparecidos en España en los últimos años. Tenemos que aplicar el principio de tolerancia cero contra la corrupción, con lo que los políticos  condenados judicialmente no deberían representar nunca más a la ciudadanía, y los políticos y responsables públicos, judicialmente imputados deberían retirarse de su puesto público hasta que se resuelva el procedimiento.

La no rendición de cuentas es otro de los serios problemas que todos los días vemos en la realidad actual. Los servidores públicos tienen el deber ineludible de  rendir cuentas, dar explicaciones, justificar, someter  a la revisión de la ciudadanía, sus decisiones y  actuaciones en el desarrollo de su gestión. La rendición de cuentas fortalece el sentido de lo público. Es una oportunidad para que la ciudadanía conozca y confíe en los asuntos públicos. Rendir cuentas fortalece la gobernanza y posibilita la generación de confianza entre gobernante y ciudadanía.

En este sentido las actividades de control del Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos, orientadas a las auditorías contables se retrasan más de lo debido, siendo deseable que se conociesen al acabar cada ejercicio anual económico. Se deberían considerar algunas reformas de estos órganos de control, además del contable y financiero; que serían la evaluación y análisis de alternativas más eficientes de las formas de las prestaciones de los servicios públicos y de las políticas públicas, en resumen análisis de eficiencia. Por citar algunos ejemplos los Tribunales de Cuentas de Holanda y Reino Unido tienen más dedicación a esta evaluación y análisis de la eficiencia, que a las auditorías contables que en parte se llevan a cabo por otras agencias.       
La ciudadanía tiene el derecho a tener conocimiento de los asuntos públicos  por lo que la Ley de Transparencia deberá regular las instituciones y organizaciones que reciben fondos públicos para su funcionamiento: (a) La Monarquía;  (b) las Administraciones Públicas; y (c) los partidos políticos y agentes sociales, organizaciones empresariales y sindicatos.

Reformas en la ley de partidos.
La Ley española actual de partidos políticos es claramente insuficiente y no tiene contenidos para impedir que estos se auto-regulen. Una nueva Ley  de partidos políticos debería regular la vida interna de los mismos. La Ley tiene todo el derecho de imponer a los partidos la obligatoriedad de establecer fórmulas claras y democráticas para la elección de candidatos y dirigentes; y que sus fuentes de financiación sean transparentes.

La crisis de credibilidad de los partidos es uno de los hechos políticos más importantes de la actualidad. En buena medida se han visto rebasados por el rápido  desarrollo que experimentan las sociedades democráticas contemporáneas. Las organizaciones de los partidos no han sabido adaptarse a tantos y tan profundos cambios. Por otro lado los casos de corrupción también han tenido influencia muy negativa y han contribuido al crecimiento de la crisis orgánica e institucional.

Los partidos políticos tienen que responder a las demandas actuales, mejorar su representatividad y establecer una fuerte conexión con la ciudadanía. En lo relativo a la representatividad, los electores cada vez se sienten menos identificados con los partidos tradicionales, con lo que se orientan hacia otras opciones, algunas de dudosa calidad democrática, o  simplemente se abstienen  de cualquier participación política y electoral. 
    
Hay un clamor ciudadano que demanda mayor democratización de las estructuras internas de los partidos políticos, y reducir al mismo tiempo la desproporcionada influencia de las burocracias partidistas, señaladas por muchos como las principales responsables de la crisis de representatividad.

El profesor alemán de Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg,  Klaus von Beyme, en su trabajo: Los partidos políticos en las democracias occidentales,  expresó: Los congresos de los partidos, que se supone son la expresión institucional de la soberanía popular de la Institución, a menudo son únicamente un mero órgano aclamativo. Este es uno de los puntos clave de las reformas de los partidos, como democratizar los procesos en los que se eligen los delegados a los congresos.

Por todo lo expuesto es necesaria una nueva Ley de los partidos políticos que se puede resumir en dos grandes bloques, tal como se recogen en la ley de partidos de Alemania: la organización interna de los partidos políticos debe responder a los principios democráticos y deberán dar cuenta públicamente de la procedencia y el uso de sus recursos, así como de su patrimonio. 

La nueva Ley de los partidos políticos debería: (a) Regular y garantizar su funcionamiento democrático en toda su organización, en particular para los procesos de elecciones internas y los  métodos de elección de los delegados a los congresos. (b) Establecer una periodicidad mínima obligatoria para la celebración de los Congresos. (c) Imponer un sistema de financiación transparente. (d) Obligar a la realización de auditorías externas independientes sobre el estado anual de cuentas.

Reformas en la ley electoral.
Una nueva ley electoral debería: (a) Cambiar las  listas cerradas y bloqueadas por otro sistema que permita a los votantes elegir candidatos concretos que les inspiren confianza. (b) Revisar la circunscripción electoral para que la distribución de los escaños represente realmente un número proporcional de votantes. (c) Reducir la duración de las campañas electorales y establecer reglas de transparencia sobre la financiación de las mismas.

Reformas en el Parlamento.
Se deberá rebajar el número de firmas requerido en la actualidad para formular la iniciativa legislativa popular, haciéndolo equiparable al de otros estados de la Unión Europea. Las comisiones de investigación parlamentarias se establecerán cuando lo soliciten una cuarta parte de los parlamentarios; y para equilibrar su posible uso reiterativo o excesivo, se limitarán a una solicitud por parlamentario por cada dos años. Las administraciones parlamentarias estarán incluidas en el marco de la Ley de Transparencia, de tal manera que el Parlamento garantice la máxima transparencia de sus actividades.

Reformas en los modelos de los partidos políticos.
Tenemos que fortalecer nuestras culturas democráticas mediante la introducción de las reformas necesarias y aumentando las oportunidades para la participación activa y deliberativa del proceso de toma de decisiones en el interior de los partidos políticos.
La sociedad, radicalizada contra los políticos y la crisis económica, pide firme y consistentemente una reforma en profundidad de la democracia interna de los partidos políticos, solicita mayor apertura a la realidad social.  No es posible continuar con este panorama sin pensar seriamente en sus consecuencias, que serán no solo electorales.

 (continuará)

Jesús Llaneza Díaz.

Izquierda Socialista de Asturias

jueves, 27 de noviembre de 2014



La cartilla de racionamiento

Volveremos a sellar cartillas de racionamiento después de pasar un escrupuloso examen, para saber si somos merecedores de los pocos recursos públicos de los que dispone el Estado. Haremos largas colas para saber si este mes nos toca consulta médica gratuita o por el contrario nos toca pagar aún más por el servicio. En ocasiones, cuando hablamos de este desmantelamiento, parece que hubiésemos retrocedido siglos y volviéramos a estar anclados en el pasado.

Las mujeres, volveremos a quedarnos en casa a cuidar de nuestros hijos y a ejercer de amantísimas esposas, si dejamos que el Estado neoliberal, siga ejerciendo su poder valiéndose de esta moribunda democracia.

Vemos como nuestra sanidad, o nuestra educación, pasa a estar pendiente de la bolsa. Han conseguido mercantilizar poco a poco los derechos más básicos.

Después de unas campañas mediáticas demoledoras, nosotros  mismos nos creemos la necesidad de tener que pagar, o hacernos dignos de lo que ya han pasado a ser  unos privilegios de unos pocos.

Volveremos a creernos que son algunos pobres lo que se lo merecen, a aplicar la ley de vagos y maleantes, y ¿Qué será lo siguiente?

En el siglo XIX cantaban los socialistas aquello de “arriba los pobres del mundo…cambiemos al mundo de base hundiendo al imperio burgués…” y resulta que lo que hemos conseguido es darle la legitimidad necesaria al imperio burgués para que a base de mentiras y decretos impongan su ideología.

La privatización de los servicios sanitarios, las nuevas leyes de educación, y el desmantelamiento de los servicios sociales, han conseguido que sean las organizaciones sociales las que a través de la caridad, se vuelvan a hacer cargo de las clases olvidadas de nuestra sociedad, parados, enfermos, niños en riesgo de exclusión, inmigrantes… y un largo etcétera de personas que pasan a estar en manos de la labor de voluntarios y no de la responsabilidad del Estado.

Cuando acaben con esta ola de reformas, tendremos el país que cualquiera se merece; los impuestos serán más bajos, puesto que, con lo que nos ahorramos de estos pagos, tendremos que buscarnos un seguro médico adecuado a nuestra cartera, nuestros hijos estudiaran en colegios financiados por unas cuotas mensuales dignas de su calidad de enseñanza y llegaran a la universidad solo aquellos que lo merezcan, aquellos que disponen de recursos suficientes para costeárselo.

No estamos muy desencaminados, las bases del nuevo modelo económico liberal empiezan a consolidarse poco a poco, las raíces van hundiéndose en la tierra para que este monstruo que nos están imponiendo crezca y de sus frutos.

Empezaremos a hacer himnos nuevos para la nueva revolución que tiene que llevarse a cabo, para evitar que poco a poco nos lleven de vuelta a otros siglos.

Los partidos socialistas y sus políticas consiguieron dar vida a una nueva clase, la clase media, ahora mismo esta clase está prácticamente extinguida, por lo tanto tendremos que empezar a pensar a que clase pertenecemos o a cual queremos pertenecer y con ello ajustarnos a nuestra propia cartilla de racionamiento.

Noelia Ordieres Buarfa




martes, 25 de noviembre de 2014

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

MANIFIESTO DEL PSOE - 2014


El próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La popularmente conocida como “Ley Integral” ha supuesto un revulsivo respecto a la violencia de género en todos sus aspectos y se ha consolidado como modelo internacional.

De hecho, el pasado 15 de octubre, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que las instituciones ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas.

Las tres instituciones han considerado que la legislación española, en concreto la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es una de las más importantes y eficaces normas para combatir y erradicar la violencia sexista en todo el mundo. Una violencia que califican como una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos.

La Ley Integral, impulsada por el Gobierno Socialista, supuso su apuesta inequívoca por la lucha contra la violencia de género, la defensa decidida de la ciudadanía en las situaciones de máxima vulnerabilidad y dio un tratamiento integral y sistemático a la lucha contra la violencia de género, con tres objetivos claros:
 Prevenir la violencia de género, y apoyar y proteger a las víctimas y a sus hijos e hijas menores.
 Perseguir a los agresores.
 Sensibilizar a la sociedad española de la necesidad de combatir la violencia de género, dejando atrás siglos de opresión y de silencio cómplice.

Los diez años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de Género han servido para desmontar totalmente algún prejuicio de los detractores de esta lucha, como eran las llamadas “denuncias falsas”. La última Memoria de la Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al respecto afirmando que “El escaso porcentaje de causas incoadas cada año por delito de acusación o denuncia falsa supone un 0,018%, suficientemente elocuente para rebatir
las voces que se alzan en torno a la prevalencia de las “denuncias falsas” en materia de violencia sobre la mujer”. Y el balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de esta Ley Integral demuestra la necesidad de mantener un amplio consenso social y político, y de culminar su desarrollo.

Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la Ley Integral, las mujeres continúan sufriendo violencia de género y el número de asesinatos lejos de disminuir, aumenta. Solo durante el mes de agosto, ocho mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, la cifra más elevada de los últimos cuatro años.

Frente a esta realidad, la ley Integral está amenazada por el Gobierno del PP y sus continuos recortes presupuestarios en materia de igualdad en general (33% en esta legislatura) y de violencia de género en particular (22% desde la llegada al Gobierno del PP). Una ley amenazada también por las sucesivas reformas legislativas que atentan contra su espíritu y buena parte de su articulado como la Ley Orgánica 8/2013,de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, denominada popularmente como Ley Wert o la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local por poner solo dos ejemplos.

Así, con la eliminación de la asignatura de Educación para la ciudadanía (LOMCE, Ley Wert), que formaba en valores a los futuros ciudadanos y ciudadanas, como son el respeto y la dignidad de las personas, y la igualdad entre hombres y mujeres se elimina la mejor medicina contra la violencia de género: la prevención. En sentido contrario, el PP apoya la educación segregada por sexos.

Por su parte, la Ley de Reforma Local, no consensuada con los partidos de la oposición e impuesta por el Gobierno del PP, ha calificado como impropias las competencias que los Ayuntamientos y las Entidades Locales venían ejerciendo en Igualdad y Violencia de Género, alejando de esta manera los servicios públicos de la atención de las mujeres y suprimiendo la labor de detección, denuncia y apoyo específico, que realizaban los servicios sociales municipales.

También el Proyecto de reforma del Código Penal muestra la falta de una decidida respuesta penal del Gobierno ante la violencia de género al eliminar completamente el concepto violencia de género de su articulado, al rebajar la gravedad del delito de lesiones y al continuar sin excluir expresamente la mediación en los supuestos de violencia de género, como indican la Ley Integral contra la violencia de género y los tratados internacionales. Además, el proyecto exige que se presente una denuncia para poder perseguir las lesiones menores, cuando éstas son los primeros indicios o alertas de posibles casos de violencia de género.

Otras reformas que atentan contra el espíritu de la Ley Integral y contra las garantías de protección de las víctimas son el Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito, que obliga al reembolso de los gastos causados a la Administración, en caso de absolución o sobreseimiento, cuando el 40% de las sentencias dictadas en violencia de género son absolutorias y la anunciada Ley de Custodia impuesta, en el caso de separación o divorcio, cuando, por promedio desde 2009, el 75% de las mujeres no denuncian malos tratos y escapan del maltrato a través de la ruptura con su pareja.

El Gobierno del PP está poniendo a la sociedad española en una encrucijada muy peligrosa, no solo porque está desmantelando sistemáticamente la lucha contra la violencia de género a base de recortes, sino porque está atacando sus cimientos ideológicos, legales y simbólicos.

La Ley Integral está amenazada por la irresponsabilidad de un gobierno central que ha hecho desaparecer el principio de igualdad del discurso político y la violencia de género de sus prioridades. La demostración más evidente de esa falta de voluntad política del Gobierno del PP de atacar las raíces y luchar decididamente contra la violencia de género se viene manifestando en los Presupuestos Generales del Estado. Para 2015se sigue manteniendo en “números rojos” la partida destinada a la lucha contra la violencia de género, que soporta un recorte del 22% desde la llegada al Gobierno del PP.

Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, volver a colocarla como prioridad política y exigir que se restituya el sistema de protección para las mujeres víctimas y todos los recursos y medidas que se han ido desmantelando en los últimos años.

Cuando el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, la ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a realizar actividades dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía respecto a la violencia de género en este día de celebración internacional.

Es una invitación explícita al rechazo de la violencia de género por parte de toda la sociedad y el PSOE la hace suya porque la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser un valor de la sociedad en su conjunto. Porque el PSOE es un partido libre de violencia. Porque es nuestro compromiso, son nuestros valores.