Tiempos de reformas (1/2)
(Nota previa: El artículo, por la extensión del mismo se publica en dos post)
Tiempo de reformas. En
un ámbito en el que todo es global, menos la política, se impone la necesidad de
reformas en toda la arquitectura social, con obras que actúen fundamentalmente
en tres ejes estratégicos: mayor democracia, crecimiento económico y creación
de empleo.
Reformas
para mayor calidad democrática. Transparencia. Rendición de
cuentas.
Con el famoso lema Wir wollen mehr Demokratie wagen
(Atreverse a más democracia) Willy Brandt ganó las elecciones celebradas el 28 de
septiembre de 1969, en la República Federal de Alemania, poniendo en práctica
un ambicioso programa de reformas sociales, legales y políticas. Hoy estamos en
una situación en la que no queda más remedio que atreverse a emprender y
aplicar un amplio programa de reformas políticas que aumente la calidad
democrática en todos ámbitos institucionales, económicos y sociales.
Uno
de los grandes déficits democráticos es la falta de transparencia y la no
rendición de cuentas de los asuntos públicos. España es el único de país europeo con más
de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información
pública, lo que facilita que los gobiernos y las instituciones públicas no
estén obligados a facilitarnos la información necesaria de suma utilidad para
un mejor conocimiento de la realidad y favorecer de forma eficiente la toma de decisiones.
Por eso es imprescindible la promulgación de leyes estatales y de las
comunidades autónomas que reconozcan el
derecho de acceso a la información, la comunicación y el conocimiento como un
derecho fundamental que regule específicamente la transparencia de los datos
institucionales.
La
corrupción es una de las causas más importantes de la desafección ciudadana de
la política, que junto con la sensación de impunidad, plasmada en la eternización
de los procesos judiciales a la hora de atajarla, supone un daño irreversible a
la confianza de la ciudadanía en sus poderes públicos. Por eso, es
necesario mejorar la agilidad de la Justicia, pero también incrementar la
transparencia en la información de la gestión
pública y los controles previos, sobre todo en materia de obras públicas
y urbanismo, fuente de la mayoría de los casos de corrupción aparecidos en
España en los últimos años. Tenemos que aplicar el principio de tolerancia cero contra la
corrupción, con lo que los políticos condenados judicialmente no deberían representar
nunca más a la ciudadanía, y los políticos y responsables públicos, judicialmente
imputados deberían retirarse de su puesto público hasta que se resuelva el
procedimiento.
La no rendición de
cuentas es otro de los serios problemas que todos los días vemos en la realidad
actual. Los servidores públicos tienen el deber ineludible de rendir cuentas, dar explicaciones, justificar, someter a la revisión de la ciudadanía, sus decisiones
y actuaciones en el desarrollo de su gestión.
La rendición de cuentas fortalece el sentido de lo público. Es una oportunidad
para que la ciudadanía conozca y confíe en los asuntos públicos. Rendir cuentas
fortalece la gobernanza y posibilita la generación de confianza entre
gobernante y ciudadanía.
En este sentido las actividades de
control del Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos, orientadas a las
auditorías contables se retrasan más de lo debido, siendo deseable que se conociesen
al acabar cada ejercicio anual económico. Se deberían considerar algunas
reformas de estos órganos de control, además del contable y financiero; que
serían la evaluación y análisis de alternativas más eficientes de las formas de
las prestaciones de los servicios públicos y de las políticas públicas, en
resumen análisis de eficiencia. Por citar algunos ejemplos los Tribunales de
Cuentas de Holanda y Reino Unido tienen más dedicación a esta evaluación y
análisis de la eficiencia, que a las auditorías contables que en parte se
llevan a cabo por otras agencias.
La ciudadanía tiene el derecho a tener
conocimiento de los asuntos públicos por
lo que la Ley de Transparencia deberá regular las instituciones y
organizaciones que reciben fondos públicos para su funcionamiento: (a) La
Monarquía; (b) las Administraciones
Públicas; y (c) los partidos políticos y agentes sociales, organizaciones
empresariales y sindicatos.
Reformas en la ley de partidos.
La Ley española actual de
partidos políticos es claramente insuficiente y no tiene contenidos para
impedir que estos se auto-regulen. Una nueva Ley de partidos políticos debería regular la vida
interna de los mismos. La Ley tiene todo el derecho de imponer a los partidos
la obligatoriedad de establecer fórmulas claras y democráticas para la elección
de candidatos y dirigentes; y que sus fuentes de financiación sean
transparentes.
La crisis de credibilidad
de los partidos es uno de los hechos políticos más importantes de la
actualidad. En buena medida se han visto rebasados por el rápido desarrollo que experimentan las sociedades
democráticas contemporáneas. Las organizaciones de los partidos no han sabido
adaptarse a tantos y tan profundos cambios. Por otro lado los casos de
corrupción también han tenido influencia muy negativa y han contribuido al
crecimiento de la crisis orgánica e institucional.
Los partidos políticos
tienen que responder a las demandas actuales, mejorar su representatividad y
establecer una fuerte conexión con la ciudadanía. En lo relativo a la
representatividad, los electores cada vez se sienten menos identificados con
los partidos tradicionales, con lo que se orientan hacia otras opciones,
algunas de dudosa calidad democrática, o
simplemente se abstienen de
cualquier participación política y electoral.
Hay un clamor ciudadano que
demanda mayor democratización de las estructuras internas de los partidos
políticos, y reducir al mismo tiempo la desproporcionada influencia de las
burocracias partidistas, señaladas por muchos como las principales responsables
de la crisis de representatividad.
El profesor alemán de
Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg, Klaus von Beyme, en su trabajo: Los
partidos políticos en las democracias occidentales, expresó: Los congresos de los partidos, que se supone
son la expresión institucional de la soberanía popular de la Institución, a
menudo son únicamente un mero órgano aclamativo. Este es uno de los puntos
clave de las reformas de los partidos, como democratizar los procesos en los
que se eligen los delegados a los congresos.
Por todo lo expuesto es necesaria una nueva Ley de los
partidos políticos que se puede resumir en dos grandes bloques, tal como se
recogen en la ley de partidos de Alemania: la
organización interna de los partidos políticos debe
responder a los principios democráticos y deberán dar cuenta públicamente de la
procedencia y el uso de sus recursos, así como de su patrimonio.
La nueva Ley de los
partidos políticos debería: (a) Regular y garantizar su funcionamiento
democrático en toda su organización, en particular para los procesos de elecciones
internas y los métodos de elección de
los delegados a los congresos. (b) Establecer una periodicidad mínima
obligatoria para la celebración de los Congresos. (c) Imponer un sistema de
financiación transparente. (d) Obligar a la realización de auditorías externas
independientes sobre el estado anual de cuentas.
Reformas
en la ley electoral.
Una nueva ley electoral debería: (a) Cambiar las listas cerradas y bloqueadas por otro sistema
que permita a los votantes elegir candidatos concretos que les inspiren
confianza. (b) Revisar la circunscripción electoral para que la distribución de
los escaños represente realmente un número proporcional de votantes. (c) Reducir
la duración de las campañas electorales y establecer reglas de transparencia
sobre la financiación de las mismas.
Reformas en el Parlamento.
Se deberá rebajar el número de firmas requerido en
la actualidad para formular la iniciativa legislativa popular, haciéndolo
equiparable al de otros estados de la Unión Europea. Las comisiones de investigación
parlamentarias se establecerán cuando lo soliciten una cuarta parte de los
parlamentarios; y para equilibrar su posible uso reiterativo o excesivo, se
limitarán a una solicitud por parlamentario por cada dos años. Las administraciones parlamentarias estarán incluidas en el
marco de la Ley de Transparencia, de tal manera que el Parlamento garantice la
máxima transparencia de sus actividades.
Reformas
en los modelos de los partidos políticos.
Tenemos que fortalecer
nuestras culturas democráticas mediante la introducción de las reformas
necesarias y aumentando las oportunidades para la participación activa y
deliberativa del proceso de toma de decisiones en el interior de los partidos
políticos.
La sociedad, radicalizada
contra los políticos y la crisis económica, pide firme y consistentemente una
reforma en profundidad de la democracia interna de los partidos políticos,
solicita mayor apertura a la realidad social. No es posible continuar con este panorama sin
pensar seriamente en sus consecuencias, que serán no solo electorales.
(continuará)
Jesús Llaneza Díaz.
Izquierda Socialista de
Asturias
