Tiempos de reformas (1/2)

(Nota previa: El artículo, por la extensión del mismo se publica en dos post)

Tiempo de reformas. En un ámbito en el que todo es global, menos la política, se impone la necesidad de reformas en toda la arquitectura social, con obras que actúen fundamentalmente en tres ejes estratégicos: mayor democracia, crecimiento económico y creación de empleo.

Reformas para mayor calidad  democrática.  Transparencia. Rendición de cuentas.

Con el famoso lema Wir wollen mehr Demokratie wagen (Atreverse a más democracia) Willy Brandt ganó las elecciones celebradas el 28 de septiembre de 1969, en la República Federal de Alemania, poniendo en práctica un ambicioso programa de reformas sociales, legales y políticas. Hoy estamos en una situación en la que no queda más remedio que atreverse a emprender y aplicar un amplio programa de reformas políticas que aumente la calidad democrática en todos ámbitos institucionales, económicos y sociales. 

Uno de los grandes déficits democráticos es la falta de transparencia y la no rendición de cuentas de los asuntos públicos. España es el único de país europeo con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública, lo que facilita que los gobiernos y las instituciones públicas no estén obligados a facilitarnos la información necesaria de suma utilidad para un mejor conocimiento de la realidad y favorecer de forma eficiente la toma de decisiones. Por eso es imprescindible la promulgación de leyes estatales y de las comunidades autónomas  que reconozcan el derecho de acceso a la información, la comunicación y el conocimiento como un derecho fundamental que regule específicamente la transparencia de los datos institucionales.

La corrupción es una de las causas más importantes de la desafección ciudadana de la política, que junto con la sensación de impunidad, plasmada en la eternización de los procesos judiciales a la hora de atajarla, supone un daño irreversible a la confianza de la ciudadanía en sus poderes públicos. Por eso, es necesario mejorar la agilidad de la Justicia, pero también incrementar la transparencia en la información de la gestión  pública y los controles previos, sobre todo en materia de obras públicas y urbanismo, fuente de la mayoría de los casos de corrupción aparecidos en España en los últimos años. Tenemos que aplicar el principio de tolerancia cero contra la corrupción, con lo que los políticos  condenados judicialmente no deberían representar nunca más a la ciudadanía, y los políticos y responsables públicos, judicialmente imputados deberían retirarse de su puesto público hasta que se resuelva el procedimiento.

La no rendición de cuentas es otro de los serios problemas que todos los días vemos en la realidad actual. Los servidores públicos tienen el deber ineludible de  rendir cuentas, dar explicaciones, justificar, someter  a la revisión de la ciudadanía, sus decisiones y  actuaciones en el desarrollo de su gestión. La rendición de cuentas fortalece el sentido de lo público. Es una oportunidad para que la ciudadanía conozca y confíe en los asuntos públicos. Rendir cuentas fortalece la gobernanza y posibilita la generación de confianza entre gobernante y ciudadanía.

En este sentido las actividades de control del Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos, orientadas a las auditorías contables se retrasan más de lo debido, siendo deseable que se conociesen al acabar cada ejercicio anual económico. Se deberían considerar algunas reformas de estos órganos de control, además del contable y financiero; que serían la evaluación y análisis de alternativas más eficientes de las formas de las prestaciones de los servicios públicos y de las políticas públicas, en resumen análisis de eficiencia. Por citar algunos ejemplos los Tribunales de Cuentas de Holanda y Reino Unido tienen más dedicación a esta evaluación y análisis de la eficiencia, que a las auditorías contables que en parte se llevan a cabo por otras agencias.       

La ciudadanía tiene el derecho a tener conocimiento de los asuntos públicos  por lo que la Ley de Transparencia deberá regular las instituciones y organizaciones que reciben fondos públicos para su funcionamiento: (a) La Monarquía;  (b) las Administraciones Públicas; y (c) los partidos políticos y agentes sociales, organizaciones empresariales y sindicatos.

Reformas en la ley de partidos.

La Ley española actual de partidos políticos es claramente insuficiente y no tiene contenidos para impedir que estos se auto-regulen. Una nueva Ley  de partidos políticos debería regular la vida interna de los mismos. La Ley tiene todo el derecho de imponer a los partidos la obligatoriedad de establecer fórmulas claras y democráticas para la elección de candidatos y dirigentes; y que sus fuentes de financiación sean transparentes.

La crisis de credibilidad de los partidos es uno de los hechos políticos más importantes de la actualidad. En buena medida se han visto rebasados por el rápido  desarrollo que experimentan las sociedades democráticas contemporáneas. Las organizaciones de los partidos no han sabido adaptarse a tantos y tan profundos cambios. Por otro lado los casos de corrupción también han tenido influencia muy negativa y han contribuido al crecimiento de la crisis orgánica e institucional.

Los partidos políticos tienen que responder a las demandas actuales, mejorar su representatividad y establecer una fuerte conexión con la ciudadanía. En lo relativo a la representatividad, los electores cada vez se sienten menos identificados con los partidos tradicionales, con lo que se orientan hacia otras opciones, algunas de dudosa calidad democrática, o  simplemente se abstienen  de cualquier participación política y electoral. 

    

Hay un clamor ciudadano que demanda mayor democratización de las estructuras internas de los partidos políticos, y reducir al mismo tiempo la desproporcionada influencia de las burocracias partidistas, señaladas por muchos como las principales responsables de la crisis de representatividad.

El profesor alemán de Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg,  Klaus von Beyme, en su trabajo: Los partidos políticos en las democracias occidentales,  expresó: Los congresos de los partidos, que se supone son la expresión institucional de la soberanía popular de la Institución, a menudo son únicamente un mero órgano aclamativo. Este es uno de los puntos clave de las reformas de los partidos, como democratizar los procesos en los que se eligen los delegados a los congresos.

Por todo lo expuesto es necesaria una nueva Ley de los partidos políticos que se puede resumir en dos grandes bloques, tal como se recogen en la ley de partidos de Alemania: la organización interna de los partidos políticos debe responder a los principios democráticos y deberán dar cuenta públicamente de la procedencia y el uso de sus recursos, así como de su patrimonio. 

La nueva Ley de los partidos políticos debería: (a) Regular y garantizar su funcionamiento democrático en toda su organización, en particular para los procesos de elecciones internas y los  métodos de elección de los delegados a los congresos. (b) Establecer una periodicidad mínima obligatoria para la celebración de los Congresos. (c) Imponer un sistema de financiación transparente. (d) Obligar a la realización de auditorías externas independientes sobre el estado anual de cuentas.

Reformas en la ley electoral.

Una nueva ley electoral debería: (a) Cambiar las  listas cerradas y bloqueadas por otro sistema que permita a los votantes elegir candidatos concretos que les inspiren confianza. (b) Revisar la circunscripción electoral para que la distribución de los escaños represente realmente un número proporcional de votantes. (c) Reducir la duración de las campañas electorales y establecer reglas de transparencia sobre la financiación de las mismas.

Reformas en el Parlamento.

Se deberá rebajar el número de firmas requerido en la actualidad para formular la iniciativa legislativa popular, haciéndolo equiparable al de otros estados de la Unión Europea. Las comisiones de investigación parlamentarias se establecerán cuando lo soliciten una cuarta parte de los parlamentarios; y para equilibrar su posible uso reiterativo o excesivo, se limitarán a una solicitud por parlamentario por cada dos años. Las administraciones parlamentarias estarán incluidas en el marco de la Ley de Transparencia, de tal manera que el Parlamento garantice la máxima transparencia de sus actividades.

Reformas en los modelos de los partidos políticos.

Tenemos que fortalecer nuestras culturas democráticas mediante la introducción de las reformas necesarias y aumentando las oportunidades para la participación activa y deliberativa del proceso de toma de decisiones en el interior de los partidos políticos.

La sociedad, radicalizada contra los políticos y la crisis económica, pide firme y consistentemente una reforma en profundidad de la democracia interna de los partidos políticos, solicita mayor apertura a la realidad social.  No es posible continuar con este panorama sin pensar seriamente en sus consecuencias, que serán no solo electorales.

 (continuará)

Jesús Llaneza Díaz.

Izquierda Socialista de Asturias