Tiempos de reformas (2/2)

Como ya comenté anteriormente, en un ámbito en el que todo es global, menos la política, se impone la necesidad de reformas en toda la arquitectura social, así que, en este post, me centraré más en  dos de los tres ejes estratégicos: crecimiento económico y creación de empleo.

Reformas en la justicia.

La administración de justicia necesita de una profunda reforma a todos los niveles, modificando  sus métodos y estructuras propias del siglo XIX y que ya no son válidas para la segunda década el siglo XXI, de modo y manera que pueda prestar eficientemente a la ciudadanía un servicio público más accesible, de calidad, ágil y transparente. El poder judicial tiene que ser independiente e imparcial. En este sentido la fiscalía anticorrupción deberá ser potenciada  y cuidadosamente desligada de la política por ley, y el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, no debería ser competencia del poder ejecutivo.

Reformas en las administraciones públicas.

Las administraciones públicas tienen que avanzar hacia un mayor rigor del funcionamiento en la política de control del gasto público que establezca prioridades entre necesidades esenciales y otras menos urgentes, poniendo un especial énfasis en un control mayor y regular del gasto público. La reforma de la economía puede comenzar con la administración pública, ocupándose de los servicios de interés general – empresas de transporte, correos, bancos y servicios públicos – volver a la propiedad pública o puesta bajo control público, donde esta sea la manera más responsable, equitativa y económicamente sostenible de garantizar estos servicios. Se tienen que establecer nuevas reglas para los mercados e incentivos más fuertes conformados para una economía más sostenible.

Reformas en la fiscalidad.

El sistema fiscal deberá contribuir a una distribución más equitativa de los ingresos y la riqueza. La legislación deberá ejercer un control más estricto de los paraísos fiscales y la evasión fiscal, así como promover relaciones comerciales más justas. Establecer un impuesto a las  transacciones financieras realizadas, a corto plazo, en los mercados internacionales de divisas. Hay que establecer medidas de armonización y coordinación fiscal que eliminen la competitividad tributaria. Estas mediadas se deberán orientar en el sentido de avanzar hacia un modelo de unión fiscal europea.

Hay que aumentar los ingresos por medio de reformas en el sistema tributario para aplicar el principio de que pague más, el que más tenga, como una cuestión ética, de equidad y de justicia social. Pero sobre todo, que se paguen los impuestos acabando con el fraude fiscal, incrementado las actividades y recursos de la Inspección de Hacienda.

Es preciso suprimir la diferenciación entre Rentas del trabajo y del capital, de modo que TODOS los ingresos que tributan en el IRPF tengan el mismo tipo. Y si hay que diferenciarlas, que sea justo al revés, que se pague más por las Rentas del Capital que por las del trabajo.

Restablecer el Impuesto de Patrimonio, elevando sustancialmente el mínimo exento e incrementando más progresivamente el tipo impositivo. Incrementar el Impuesto de sociedades para las grandes empresas.

Establecer un nuevo impuesto a las SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable).

Introducir modificaciones fiscales adecuadas para que los diversos instrumentos de inversión, tributen de forma significativa y en proporción a sus beneficios. Restablecer la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda del Estado.

Suprimir  la exención del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles rústicos y urbanos) a la iglesia católica y otras confesiones religiosas.

Establecimiento del criterio de caja (devengo) para la determinación de la base imponible del IVA e IRPF - Sociedades.
Implantación por todas las administraciones de la cuenta tributaria única. Optar decididamente por el régimen de estimación directa, dejando el sistema de módulos a su mínima expresión.

Formación y pedagogía política sobre ciudadanía, fiscalidad y sostenibilidad del sistema. Plan generalizado de concienciación social y medidas legales que incentive, la declaración del IVA,  así como el reforzamiento de la inspección, control  y del procedimiento sancionador.

Reforzar el principio de progresividad fiscal, incidiendo principalmente en los impuestos directos. Mejorar el tratamiento fiscal de las familias y de las rentas del trabajo. Incrementar la presión fiscal efectiva  sobre los profesionales  hasta términos similares a la realizada sobre las rentas del trabajo. Modificación en profundidad de las deducciones por aportaciones a planes de pensiones, limitando sustancialmente  el límite deducible y flexibilizando  las condiciones de su percepción.

Modificación sustancial y profunda del sistema de tributación por módulos. Control y regulación de los entes financieros y sus beneficios teniendo en cuenta que su interés no es el bien público. Fijar una nueva imposición sobre los beneficios bancarios. Reglar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos cargos, ejecutivos, miembros de Consejos de Administración y otros colectivos donde la opacidad fiscal resulta no sólo evidente sino, en demasiados casos, flagrante y absolutamente insolidaria con el conjunto de la sociedad española.

Instaurar una figura tributaria que grave las grandes fortunas y desincentive la especulación inmobiliaria y los activos ociosos. Impuesto sobre solares sin edificar, locales y pisos  sin ocupar.

Incluir coeficientes de abatimiento para los rendimientos del capital mobiliario que favorezcan el ahorro. Establecer tipos impositivos progresivos  por tramos que graven las rentas de capital. Crear e impulsar de forma significativa la fiscalidad verde de modo que además de compensar económicamente el daño causado contribuya con recursos adicionales a mejorar de forma genérica el medio ambiente.

Eliminación y/o reducción de las deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades que distorsionan gravemente la aplicación del mismo, de modo que se garantice que en ningún caso la tributación efectiva sea inferior al 20%

Aumentar a 20 años, por razones de interés público, el plazo de prescripción de los delitos fiscales. En el caso de que ello no fuera posible,  modificar el Reglamento de modo y manera  que las actuaciones de oficio por parte de la Agencia Tributaria, interrumpan el plazo de prescripción.

Reformas en la economía y empleo

Una nueva política industrial deberá planificar las prioridades futuras y las necesidades de Europa y de sus economías nacionales. El sector de la fabricación está en declive como parte del PIB. El empleo industrial está disminuyendo y los salarios se han estancado o disminuido. El núcleo de estructuras de la industria se tiene que mantener y modernizar, ya que garantiza el empleo y proporciona una base para el sector de los servicios. Hay que establecer políticas de crecimiento orientadas al empleo, recordando que para que haya progreso económico, tiene que haber antes progreso social.

Necesitamos una mezcla de prestaciones en dinero e infraestructuras sociales para sacar al pueblo de la pobreza y ayudar a estimular la demanda. Se tiene que restaurar la primacía de la política sobre los mercados financieros. En el sector bancario se deberá establecer una orientación de pluralidad de negocios enfocada al cliente, que incluya bancos comerciales, cooperativas de crédito, bancos comunitarios locales y regionales, y sociedades de crédito, todos operando en una variedad de escalas. Tenemos que asegurarnos de que el sector bancario se ha reestructurado, se desarrolla con transparencia y con formas de rendición de cuentas de gobernanza corporativa.

Es necesario introducir reformas en el ámbito europeo en la gobernanza financiera y económica. La regulación de los agentes de los mercados financieros en Europa no es suficiente. Creación de una Agencia Pública Europea de calificación y evaluación de riesgos.

Los mercados financieros europeos deben convertirse en una fuente de estabilidad y del desarrollo de una economía europea orientada a la producción. Con este fin, es necesario reformar el Banco Central Europeo, el Banco Mundial y la Unión Monetaria Europea. El Banco Central Europeo deberá tener competencias para establecer políticas de crecimiento económico y empleo.

Reformar el derecho penal para exigir responsabilidades a los dirigentes financieros en casos de corrupción, evasión de impuestos, falsedad y delitos económico-fiscales que atenten contra el interés general. Revisar los acuerdos de Maastricht respecto al nivel de déficit público de cada país, dotándolo de mayor flexibilidad en función del ciclo económico y del estado general de sus economías.

Se tiene que restaurar la primacía de la política sobre los mercados financieros. En el sector bancario se debe establecer una orientación de pluralidad de negocios enfocada al cliente, que incluye bancos comerciales, cooperativas de crédito, bancos comunitarios locales y regionales, y sociedades de crédito, todos operando en una variedad de escalas. Tenemos que asegurarnos de que el sector bancario se ha reestructurado, se desarrolla con transparencia y con formas de rendición de cuentas de gobernanza corporativa.

Un nuevo marco regulatorio y de supervisión definirá el papel y la práctica de la banca y el sistema de remuneración a sus directivos. Solamente el gobierno con su autoridad democrática, alianzas globales e ingresos fiscales; puede conseguir el nivel necesario de la reconstrucción.

Necesitamos la regulación internacional y europea de los mercados de recursos financieros. Las corporaciones transnacionales deben ser objeto de control democrático a través de la introducción de la democracia económica global con derechos definidos de información, consulta y cogestión de los representantes de los trabajadores. Las agencias privadas de calificación, que tienen una gran influencia sobre el desempeño económico, necesitan una reforma y la supervisión de la autoridad pública.

La liberación y globalización del capital ha redistribuido la riqueza de las economías pobres hacia las ricas, incrementando el riesgo sistémico del colapso económico mundial. Los controles de capital, el cierre de los paraísos fiscales y la imposición de tasas sobre las operaciones financieras mundiales, son necesarias para contribuir al desarrollo económico y proteger a las economías vulnerables.

Es necesario un gran pacto entre todos los agentes sociales para atemperar la gravedad de la situación entre los desempleados. Se debe fijar la creación de empleo como el objetivo prioritario de primer orden de todas las políticas públicas orientadas a impulsar el cambio del modelo productivo y  fomentar la reactivación industrial y económica.

Estamos de lleno en un proceso de cambio de ciclo económico, con gran influencia en la política y en lo social. Todos hablamos de una profunda crisis con una serie de problemas que están desbordando todos los ámbitos. Una crisis que tuvo un principio económico pero luego aparecieron crisis institucionales, territoriales, el drama del desempleo y el desprestigio de la clase política. Ante esta situación la ciudadanía reclama que los políticos recuperen el necesario espíritu de consenso y lideren un proceso de cambio y de reformas que den esperanza, esto tiene solución.

Jesús Llaneza Díaz.
Izquierda Socialista de Asturias