PROPUESTAS PARA UNA REFORMA FISCAL

CONFERENCIA POLÍTICA DEL PSOE - Octubre 2013

DIÁLOGO: FISCALIDAD (II)

 PROPUESTAS PARA UNA REFORMA FISCAL

 APORTACIÓN DE  Jesús Llaneza Díaz - Agrupación de Langreo

  

PROPUESTAS PARA UNA REFORMA FISCAL.

Hay que aumentar los ingresos por medio de reformas en el sistema tributario para aplicar el principio de que pague más, el que más tenga, como una cuestión ética, de equidad y de justicia social. Pero sobre todo, que se paguen los impuestos acabando con el fraude fiscal, incrementado las actividades de la Inspección de Hacienda.

Potenciar la Agencia Tributaria, con más medios y personal, y mejorar su coordinación y colaboración con las Haciendas Autónomas y Municipales.

Pasar en el IRPF para los ingresos superiores a 60.000 euros los tipos al 45 % y establecer un tipo del 50% para los ingresos superiores a 120.000 euros.

Suprimir la diferenciación entre Rentas del trabajo y del capital, de modo que TODOS los ingresos que tributan en el IRPF tengan el mismo tipo. Y si hay que diferenciarlas, que sea justo al revés, que se pague más por las Rentas del Capital que por las del trabajo.

Restablecer el Impuesto de Patrimonio, elevando sustancialmente el mínimo exento e incrementando más progresivamente el tipo impositivo.

Incrementar el Impuesto de sociedades para las grandes empresas.

Establecer un nuevo impuesto a las SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable).

Introducir modificaciones fiscales adecuadas para que los diversos instrumentos de inversión, tributen de forma significativa y en proporción a sus beneficios. Restablecer la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda del Estado.

Suprimir la exención del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles rústicos y urbanos) a la iglesia católica y otras confesiones religiosas.

Establecimiento del criterio de caja (devengo) para la determinación de la base imponible del IVA e IRPF-Sociedades.

Implantación por todas las administraciones de la cuenta tributaria única.

Optar decididamente por el régimen de estimación directa dejando el sistema de módulos a su mínima expresión.

Formación y pedagogía política sobre ciudadanía, fiscalidad y sostenibilidad del sistema. Plan generalizado de concienciación social y medidas legales que incentive, la declaración del IVA, así como el reforzamiento de la inspección, control y del procedimiento sancionador.

Reforzar el principio de progresividad fiscal, incidiendo principalmente en los impuestos directos.

Mejorar el tratamiento fiscal de las familias y de las rentas del trabajo.

Incrementar la presión fiscal efectiva sobre los profesionales hasta términos similares a la realizada sobre las rentas del trabajo.

Modificación en profundidad de las deducciones por aportaciones a planes de pensiones, limitando sustancialmente el límite deducible y flexibilizando las condiciones de su percepción.

Modificación sustancial y profunda del sistema de tributación por módulos.

Control y regulación de los entes financieros y sus beneficios teniendo en cuenta que su interés no es el bien público. Fijar una nueva imposición sobre los beneficios bancarios.

Reglar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos cargos, ejecutivos, miembros de Consejos de Administración y otros colectivos donde la opacidad fiscal resulta no sólo evidente sino, en demasiados casos, flagrante y absolutamente insolidaria con el conjunto de la sociedad española.

Instaurar una figura tributaria que grave las grandes fortunas y desincentive la especulación inmobiliaria y los activos ociosos. Impuesto sobre solares sin edificar, locales y pisos sin ocupar.

Incluir coeficientes de abatimiento para los rendimientos del capital mobiliario que favorezcan el ahorro.

Establecer tipos impositivos progresivos por tramos que graven las rentas de capital.

Crear e impulsar de forma significativa la fiscalidad verde de modo que además de compensar económicamente el daño causado contribuya con recursos adicionales a mejorar de forma genérica el medio ambiente.

Eliminación y/o reducción de las deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades que distorsionan gravemente la aplicación del mismo, de modo que se garantice que en ningún caso la tributación efectiva sea inferior al 20%.

Aumentar a 10 años, por razones de interés público, el plazo de prescripción de los delitos fiscales. En el caso de que ello no fuera posible, modificar el  Reglamento de modo y manera que las actuaciones de oficio por parte de la Agencia Tributaria, interrumpan el plazo de prescripción.