Transparencia, Corrupción Cero y Rendición de Cuentas.

CONFERENCIA POLÍTICA DEL PSOE - Octubre 2013

DIÁLOGO: GANARSE OTRA DEMOCRACIA (III)

                                         

SALIR DE LA CRISIS GLOBAL POR LA IZQUIERDA

 (1/5) APORTACIÓN DE JESÚS LLANEZA DÍAZ - Agrupación de Langreo

Transparencia, Corrupción Cero y Rendición de Cuentas.

Con la publicación de este post, se inicia una serie sobre el diálogo "Ganarse otra democracia", realizada por Jesús Llaneza  Díaz, Agrupación de Langreo, que resume en buena medida las posiciones de Izquierda Socialista de Asturias y las propias aportaciones del autor. 

1. PROPUESTAS PARA LA LEY DE TRANSPARENCIA. CORRUPCIÓN. RENDICIÓN DE CUENTAS.

Compromiso del PSOE  para promover un estado democrático que: (a) Tenga mayor transparencia; (b) Erradique la corrupción; y (c) Rinda cuentas, todo ello con el propósito del fortalecimiento de nuestras instituciones y la democracia en todos los ámbitos, incluida la economía.

La carencia de una Ley de Transparencia facilita que los gobiernos y las instituciones públicas no estén obligados a facilitarnos información necesaria de suma utilidad para un mejor conocimiento de la realidad y favorecer de forma eficiente la toma decisiones importantes en el ámbito personal, profesional y político.

Por eso es imprescindible la promulgación de leyes estatales y de las comunidades autónomas  que reconozcan el derecho de acceso a la información, la comunicación y el conocimiento como un derecho fundamental y que regule específicamente la transparencia de datos institucionales.

La corrupción es una de las causas más importantes de la desafección ciudadana de la política, que junto con la sensación de impunidad, plasmada en la eternización de los procesos judiciales a la hora de atajarla, supone un daño irreversible a la confianza de la ciudadanía en sus poderes públicos. Por eso, es necesario mejorar la agilidad de la Justicia, pero también incrementar la transparencia en la información de la gestión  pública y los controles previos, sobre todo en materia de obras públicas y urbanismo, fuente de la mayoría de los casos de corrupción aparecidos en España en los últimos años.

Se deberá aplicar el principio de tolerancia cero contra la corrupción, con lo que los políticos  condenados judicialmente no podrán representar nunca más a la ciudadanía, y los políticos judicialmente imputados deberán retirarse de su puesto público hasta que se resuelva el procedimiento.

Los servidores públicos tienen el deber ineludible de  rendir cuentas, dar explicaciones, justificar, someter  a la revisión de la ciudadanía, sus decisiones y  actuaciones en el desarrollo de su gestión. La rendición de cuentas fortalece el sentido de lo público. Es una oportunidad para que la ciudadanía conozca y confíe en los asuntos públicos. Rendir cuentas fortalece la gobernanza y posibilita la generación de confianza entre gobernante y ciudadanía.

En este sentido las actividades de control del Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos, orientadas a las auditorías contables se retrasan más de lo debido, siendo deseable que se conociesen al acabar cada ejercicio anual económico. Se deberían considerar algunas reformas de estos órganos de control, además del contable y financiero; que serían la evaluación y análisis de alternativas más eficientes de las formas de las prestaciones de los servicios públicos y de las políticas públicas, en resumen análisis de eficiencia. Por citar algunos ejemplos los Tribunales de Cuentas de Holanda y Reino Unido tienen más dedicación a esta evaluación y análisis de la eficiencia, que a las auditorías contables que en parte se llevan a cabo por otras agencias. 

     

Se deberán regular y controlar debidamente las empresas y organizaciones sociales que participan en los aspectos legislativos, tal como se definen en la UE a los grupos de interés: “las actividades realizadas con el objetivo de influir en la formulación de políticas y los procesos de toma de decisiones”.

Al mismo tiempo se deberán equilibrar las influencias de estos grupos de interés, ya que su actuación y actividades en nombre de las organizaciones que representan, suponen en muchos casos un fuerte desequilibrio que rompe la correlación de fuerzas en el mercado, entre el poder económico y la gobernanza política.   

Para concluir con las propuestas sobre la transparencia es preciso: (a) Implantar en nuestro sistema político una cultura y unas prácticas que hagan avanzar la misma en todos los procesos de la toma de las decisiones públicas; y (b) hacer públicas las actividades de los grupos de interés que pretendan influir en los Gobiernos y Parlamentos.    

Todo ello configura el derecho de la ciudadanía a tener conocimiento de los asuntos públicos  por lo que la Ley de Transparencia deberá regular las instituciones y organizaciones que reciben fondos públicos para su funcionamiento: (a) La Monarquía;  (b) las Administraciones Públicas; y (c) los partidos políticos y agentes sociales, organizaciones empresariales y sindicatos.

La Ley de Transparencia deberá regular también la  relación entre las Administraciones Públicas y los políticos con la ciudadanía, y finalmente regular y equilibrar las relaciones de los grupos de interés con los poderes públicos