LOS RETOS DE LA POLÍTICA FISCAL.

CONFERENCIA POLÍTICA DEL PSOE - Octubre 2013

DIÁLOGO: FISCALIDAD (I)

                                         

SALIR DE LA CRISIS GLOBAL POR LA IZQUIERDA

 APORTACIÓN DE IZQUIERDA SOCIALISTA - PSOE - MAYO 2013

1.- PROPUESTAS PARA UNA FISCALIDAD GLOBAL.

• Establecer impuestos especiales sobre los beneficios de las grandes empresas transnacionales para poder abordar con celeridad y seriedad políticas de desarrollo en el mundo.
•  Implantar una Tasa sobre las Transacciones Financieras Internacionales, cuyo fondo, además de facilitar la estabilidad del sistema financiero, permita canalizar importantes recursos para combatir la pobreza, el hambre y la marginación social.
•  Suprimir todos los países fiscales.
•  Avanzar en la armonización a nivel mundial de las condiciones de inversión y trabajo, hasta alcanzar una igualdad en su regulación y el tratamiento de los mismos. 

2.-- PROPUESTAS para un sistema tributario más equitativo y solidario que cumpla con el principio de justicia fiscal contemplado en la Constitución Española:

•     Reforzar el principio de progresividad fiscal.
•          Mejorar el tratamiento fiscal de las familias y de las rentas del trabajo.
•          Restablecer el Impuesto sobre el Patrimonio, elevando sustancialmente el mínimo exento e incrementando progresivamente el tipo impositivo.
•          Recuperar el Impuesto sobre Sucesiones.
•          Introducir las modificaciones fiscales adecuadas para que los diversos instrumentos de inversión, (Fondos, SICAV, etc,), tributen de forma significativa y en proporción a sus beneficios. Restablecer la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda del Estado.
•     Lucha sin cuartel contra el fraude fiscal. Reforma de la Agencia Tributaria para dotarla de los medios humanos y recursos suficientes para poder fiscalizar a cualquier empresa independientemente de su tamaño, localización o  entidad. Introducir mecanismos de control e incompatibilidades para las relaciones del funcionariado de la Agencia Tributaria con las entidades fiscalizadas.
•      Control y regulación de los entes financieros y sus beneficios. Fijar una nueva imposición sobre los beneficios bancarios.
•          Reglar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos cargos, ejecutivos, miembros de Consejos de Administración y otros colectivos donde la opacidad fiscal resulta no solo evidente sino, en demasiados casos, flagrante y absolutamente insolidaria con el conjunto de la sociedad española.
•      Instaurar una figura tributaria que grave las grandes fortunas y desincentive la especulación sobre capital o solares sin edificar.
•      Establecer un tipo impositivo por tramos para las rentas del capital que por lo menos sea igual a las rentas del trabajo.
•          Tratamiento fiscal diferenciado de bancos públicos, empresas públicas, sociedades laborales y cooperativas dada su contribución específica al bienestar general.
•           Control fiscal sobre las Unit Linked y los Hegde Funds (Fondos de cobertura), pues ambos son inversiones especulativas.
•          Suprimir la asignación tributaria del 0,7% a la Iglesia Católica, así como la exención del IBI, unido a la denuncia y petición de abolición del Concordato.
•          Impulsar toda clase de iniciativas parlamentarias y sociales para frenar el aumento del IVA en todo lo referido a la Cultura, Educación y Deporte.
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 3.-‐ CONTRA EL FRAUDE FISCAL.

El fraude fiscal es una práctica muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. Curiosamente la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa – según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado Español – sólo el 8% del fraude fiscal total.

El Gobierno del PP, el 30 de Marzo de 2012, utilizando expresiones como “excepcional y extraordinaria”, puso en marcha lo que eufemísticamente llamó “Programa especial de regularización de activos ocultos”. No quería utilizar la definición “amnistía fiscal”, que era de lo que se trataba. Cristóbal Montoro, el gran impulsor de la idea, anunció que se aflorarían 25.000 millones del dinero oculto. Y puesto que la ley sólo gravaba con el 10% ese blanqueo (muy por debajo de los que pagan quienes no son defraudadores), esperaba recaudar 2.500 millones…. La medida ha sido un gran fracaso: de todo el dinero anunciado han llegado tan solo 50 millones. O sea, un 2% de lo previsto.

La Ley era de tan dudosa legalidad, que el PSOE la recurrió ante el Tribunal Constitucional, tribunal que aceptó la demanda. En el recurso se razonaba que esa Ley favorecía a los defraudadores, ya que los contribuyentes que cumplen sus obligaciones deben de pagar un 43% mientras a los defraudadores se les permite “blanquear” los fondos ocultos o evadidos con tan sólo el pago de un 10%. En la Ley, el Gobierno se comprometía a no investigar ni tomar represalia alguna contra los defraudadores, ni siquiera sobre el origen del capital. Es decir, que el dinero “limpiado” podría venir lo mismo de evasores en paraísos fiscales, como proceder de la comisión de delitos, incluidos por supuesto, prostitución o narcotráfico.

Reclamamos derogar esa Ley por disminuir la eficiencia de la lucha contra el fraude y la evasión de capitales así como permitir el blanqueo de capitales de cualquier procedencia delictiva. Pedimos que se investigue el capital acogido a la Ley, su tipificación correspondiente y multar adecuadamente